Revista Palta | RIESGO DE PARIR
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RIESGO DE PARIR

¿Acaso estar embarazada es un riesgo?, se pregunta Gisela Paola Mesa, y seguramente no sea la única. Es sábado 16 de febrero y se descarga haciendo una publicación en Facebook. Ahí cuenta: “estaba trabajando como periodista para el diario El Cívico y antes para El Intransigente, ambos de dueño salteño. Estoy embarazada de ocho meses y aguanté el secreto lo más que pude por miedo a que al informarlo me despidiesen”. Hasta que se lo comunicó a Recursos Humanos, la destrataron y apenas le dijeron que se comunicarían con ella.

Todavía no lo hicieron. Al contrario: la eliminaron del grupo de Whatsapp de lxs trabajadores del diario y tanto la encargada de RRHH como la administradora bloquearon su número. El dueño de los medios, Federico Mena Saravia, tampoco lee ni responde sus mensajes. “Desaparecieron de la faz de la tierra”, me dice Gisela, que además necesita cobrar su último sueldo. No sabía que por un llamado podría terminar desempleada.

Su trabajo consistía en manejar las redes sociales y publicar las notas, lo hacía desde su casa de lunes a viernes y los domingos por la mañana; trabaja desde junio de 2018 y eventualmente publicaba notas propias: ninguna que figure con su nombre. El diario, según sea el caso y su conveniencia, reconoce o no la autoría de las publicaciones.

Venía de pasar unos meses angustiantes: controles prenatales, mucho cansancio y turnos que ubicar por la tarde para esquivar el horario de trabajo. Me cuenta: “tenía que acomodarme para que no se enteraran. Es como si pensaran que está inválida la mujer cuando está embarazada, porque por eso me echaron. Hubo un tiempo en que pensé en que naciera sin decir nada. Ahora estoy tratando de salir adelante”.

Gisela avisó de su embarazo adelantándose al momento del parto para poder tener dos días de licencia. Ni siquiera habló de los 45 días que le corresponden después de parir, mucho menos de los previos.

Leo y releo el posteo. Me desconcierta. Miro el calendario, me resulta inverosímil y, sin embargo, lo confirmo: estamos en 2019. Leo y releo las palabras de Gisela. Miro la hora: son las 3 de la madrugada. Encuentro a una amiga que también está desvelada. Nay Zabala es abogada y yo, como cada vez que tengo oportunidad, aprovecho y pregunto. Me comenta que en el año 1952 la Organización Internacional del Trabajo creó un convenio sobre la protección de la maternidad. Argentina lo adopta recién en el 2000 y como Estado parte cumple a través de la Ley de contrato de trabajo (20744) con los convenios internacionales donde se establecen las responsabilidades del empleador respecto a la protección de la maternidad en los artículos que van del 177 al 186, como son la estabilidad y preservación del empleo, los descansos diarios por lactancia, la indemnización especial en caso de que no cumpliera con esta norma, entre otras.

Gisela, 32 años, madre, periodista, trabajaba en negro. No hay contrato al que pueda apelar.

“Luego cada gremio o sindicato puede ampliar los beneficios, pero en principio se tienen que respaldar en la ley de fondo” me comenta Nay, y en ese momento me acuerdo de algo más que me dijo Gisela: lxs trabajadores de El Cívico no están sindicalizadxs. No es casual, sus dueñxs y sus directivxs evitan no solo las condiciones formales de trabajo, también las reuniones entre trabajadorxs. Es decir que evitan cualquier actitud y comportamiento que pueda ser germen sindicalista. Todo indica que Federico Mena Saravia no quiere a su redacción unida, organizada ni empoderada.  

Me pregunto a qué condiciones aspiramos. En Juliana Martínez Franzoni, socióloga e investigadora, encuentro una posible respuesta: “la situación ideal sería una en la que, primero, la población tiene un trabajo remunerado decente, es decir, un trabajo que provee una remuneración digna y condiciones para la negociación colectiva de las condiciones laborales, pero también seguridad social, licencias por maternidad y paternidad, no solo frente a nacimiento sino a enfermedades y situaciones de especial demanda de cuidados. En mundos productivos en los que coexisten empresas formales y con alta productividad, con empresas informales con muy escasa productividad, la formalización de las relaciones laborales requiere una activa participación del Estado, entre otras cosas, transformando costos de producción en inversión”.

Busco antecedentes. Doy con el de una mujer que en octubre de 2016 en Colombia firmó contrato de trabajo hasta diciembre de ese año en una empresa de mensajería, y unos días después supo que estaba embarazada. Se lo informó a su jefe verbalmente y automáticamente su palabra fue puesta en duda. Dieron por sentado que ella estaba al tanto de su embarazo antes de firmar el contrato y la echaron.

En este caso, ella era soltera y futura jefa de familia. Fueron a juicio y la empresa alegó que la empleada no obró “con responsabilidad y compromiso dado que ocultó información y omitió avisar de su estado de embarazo”. Pese a esto, el tribunal falló a favor de la mujer porque informar sobre la gestación supondría una barrera discriminatoria de acceso al ámbito laboral que afectaría a la mujeres en general y particularmente a las gestantes”.

En Argentina es distinto: si como persona gestante curso un embarazo, debo presentar un certificado con la fecha probable de parto. Caso contrario, según la Ley de Contrato de Trabajo, si no lo presento corro el riesgo de que, en caso de que me despidan, no cobre la indemnización especial por embarazo.

No obstante, el problema principal no es el cobro de la indemnización, porque además ese resarcimiento es el resultado de un despido, y las personas gestantes no queremos ni merecemos ser despedidas por estar atravesando un embarazo. No es justo que la capacidad gestacional sea una limitación a la hora de buscar un trabajo y, a la vez, un motivo para perderlo cuando se lo tiene (salvo que este implicara esfuerzos físicos inviables y otros casos puntuales). ¿Cómo es posible que un aviso como éste ponga en peligro nuestra fuente de ingreso?

Lo pongo en palabras y me resulta anacrónico pero aparentemente es necesario recalcarlo: esta es una discriminación por género que aumenta la precariedad de nuestras vidas. Es, al fin y al cabo, una dificultad más que tenemos las mujeres y personas capaces de gestar.  

En tiempos de achicamiento estatal, crisis económica y desempleo, no sorprenden las noticias de falta de garantía de un derecho elemental como es el acceso a un trabajo en condiciones dignas. No es novedad que nos exploten –un poco más–, que tengamos que administrar la información personal por miedo a perder el puesto, que la necesidad de ese ingreso sea una herramienta de coacción.

No nos convertimos en un eslabón más que se quitó y se reemplazó por otro arbitrariamente. Así lo deciden quienes tienen el poder, y al poder no le gustan las sorpresas, por eso prefiere un eslabón más económico, más dócil, más previsible: uno menos propenso a dar novedades inesperadas. El descarte es permanente y últimamente somos cada vez más piezas sueltas, por eso a través de las alianzas colectivas, una de las alternativas que encontramos, nos sostenemos como podemos para sobrevivir y no derrumbarnos del todo.

Ana Carrozzo
[email protected]