Revista Palta | ALICIA EN EL PAÍS DEL ABORTO LEGAL
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ALICIA EN EL PAÍS DEL ABORTO LEGAL

Por Ana Carrozzo y Paz Castiñeira

En la penumbra de una noche calurosa nos contó sobre su aborto, sin cuestionarse nunca la accesibilidad, la seguridad y la gratuidad; sin transitar la vergüenza ni la humillación de los cuestionamientos de lxs médicxs ni de la sociedad. Ella no murió. Alelí, como otras tantas mujeres y personas con capacidad de gestar del otro lado del río, no murió por la decisión de abortar.  

Su hermana ya lo había hecho y ella no lo dudó: quería interrumpir su embarazo. Pidió un turno con su ginecóloga, en la entrevista le comentó la situación y recibió información. Supo cuáles serían los pasos a seguir, el cómo, los efectos y las reacciones de su cuerpo. Saldó dudas y ganó certezas. Ella tuvo el poder.

Alelí debió entrevistarse con un psicólogo, una asistente social y después “reflexionar” durante cinco días porque así lo impone la ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay. Una vez hecho esto, regresó por el misoprostol. La acompañaban su hermana y su novio, y tenía a disposición un auto por si surgía alguna complicación. Había una ginecóloga que avalaba el procedimiento, una ley que la contenía, un certificado médico para presentar en el trabajo y días de reposo. Había vida para ella.

Nos lo relató desde la completa naturalización del acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Habló con el respaldo de la información, de la contención médica tanto física como psicológica en el momento previo y posterior a la interrupción. Escucharla nos transmitió seguridad, porque lo que contó no estuvo teñido de tragedia sino todo lo contrario: dio cuenta de lo que parece ser un manual de instrucciones  estipulado y meticuloso- en el que el Estado es el actor principal. Y que junto al accionar de instituciones sanitarias y asistenciales garantizan su amparo y seguridad.

Alelí nos llevó a pensar en la cantidad  de mujeres que  mueren de este lado de la orilla, en las inciertas estadísticas  de nuestro país porque la ilegalidad hace que el total de los casos sea imposible de rastrear, contabilizar y poner en cifras. No hizo falta imaginarnos el miedo y la oscuridad de algún lugar olvidado por la salubridad y ocultado por la clandestinidad en donde la vida propia está librada al azar, porque contamos con las experiencias de personas cercanas. Sabemos de memoria los relatos de amigxs que lo han hecho y forman parte de lxs tantxs que abortamos clandestinamente en Argentina.

Es por eso que, en este sentido, sólo tenemos las cifras aproximadas a las que llegaron las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario en 2005 por encargo del Ministerio de Salud de la Nación. Como resultado de su trabajo, se estima que en nuestro país se realizan por año entre 450.000 y 522.000 abortos. La investigadoras llegaron a este número a través de dos métodos basados en una serie de supuestos: uno que toma el número de mujeres internadas en hospitales públicos por complicaciones con la interrupción de su embarazo y, el otro, el método residual, que compara la cantidad de bebés que nacerían (en función al uso de anticonceptivos y otros factores) y los que efectivamente nacen.

Diferente es el caso de Uruguay que sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012, gracias a la cual el aborto es legal dentro de un plazo de 12 semanas de gestación, que llega hasta 14 en víctimas de violación, sin limitar el plazo cuando existe riesgo en la salud de la madre o el feto.

Por esos días, cuando cruzamos a Alelí en la playa y conocimos esta realidad -que en nuestro país parece ficción-, nos encontrábamos leyendo La revolución de las mujeres no era solo una píldora de Luciana Peker que da voz al ginecólogo Leonel Briozzo, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Ahí explica que incluso antes de su legalización “en Uruguay la mortalidad materna por aborto inseguro ya fue de cero con el modelo de reducción de riesgo y daño”. Este modelo daba asesoramiento y contención a las personas que cursaban embarazos no deseados y quisieran interrumpirlos sin poner en riesgo sus vidas, a partir del Estado y equipos de salud.

Uruguay es el segundo país con menor mortalidad de cuerpos gestantes en toda América después de Canadá. Dice en La revolución de las mujeres que en Argentina “la muerte por aborto se redobló un 50 por ciento de 2012 a 2013 según datos del Ministerio de Salud de la Nación”. Los números se incrementan en relación directa a la disminución del presupuesto en educación sexual para decidir y en políticas de prevención con anticonceptivos para no abortar.

Las mujeres nos hemos cansado de poner el cuerpo a lo largo de la historia como madres exclusivamente, como dominadas, como sector oprimido, como mano de obra barata. En 2001 murieron por abortar clandestinamente unas 100 mujeres y personas gestantes en medio de una gran crisis económica; ese número anual bajó a 55 y no por casualidad sino por diversos factores como el Fallo F.A.L. para abortos no punibles, los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo, la militancia socorrista y la información que proveen sobre el uso del misoprostol, lxs médicxs aliadxs, lxs profesorxs y maestrxs que incluyen en sus programas de educación sexual integral información sobre el aborto seguro, entre otros.  

Actualmente el aborto es viable por causales, es decir que tenemos derecho a abortar si el embarazo afecta nuestra salud. Un motivo justo, por ejemplo, es una depresión. Pero, ¿es sabido que podríamos rechazar la gestación por este motivo? E, incluso estando al tanto de ello, ¿nos arriesgaríamos a hacerlo sabiendo que el aborto es todavía ilegal? ¿qué respaldo podemos esperar de un Estado que prioriza un sistema capitalista, las creencias religiosas y los intereses político-económicos de los sectores de poder en lugar de la vida de quienes gestamos?

 

Colaboración
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